Por: César Gutiérrez Peña (Lima, 26 Oct. 2011).- Reacción y adecuación inmediata ante los cambios, es lo indispensable para la preservación de la especie, es lo que corresponde hacer a todas los seres vivos, haciéndose extensivo el concepto a las organizaciones empresariales. Hoy le toca el turno de prueba a la operación en Perú, de la española de las telecomunicaciones, Movistar. A lo que parece no estar preparada, pues está siguiendo lineamientos de comportamiento fuera de época y contexto.
La multinacional ibérica está en nuestro país hace 17 años y ha convivido con los usos y costumbres de cuatro gobiernos. Distingo cinco etapas de comportamiento: dos durante el fujimorismo, la tercera entre los gobiernos de Paniagua y Toledo, la cuarta durante el mandato de Alan García y la quinta, la que acaba de empezar con Ollanta Humala.
En la primera etapa, durante la gestión de Fujimori y que cubre sus primeros cuatro años de operación, fue de tolerancia y protección estatal absoluta, recién habían ingresado al país, encontrándose con una estructura arcaica y con carencias en todos los ámbitos de la industria de las telecomunicaciones.
Esta permisividad, a veces excesiva, fue mal utilizada. Sus funcionarios fieles émulos de Cristóbal Colón trayéndonos las buenas nuevas del primer mundo, 502 años después, nos miraron de arriba hacia abajo y con una soberbia típica de capataz empleado de nuevo rico, se atrevieron a llamarnos grosera y peyorativamente “provincianos”, en boca nada menos que su presidente de turno de aquella época. Frase infeliz, que forma parte del pasivo que cargarán mientras permanezcan por estas latitudes. Así consolidaron posiciones, generando a la par un avance que no se puede negar, pues sería mezquindad.
El segundo estadio va de 1998 al 2000, presidencia peruana y gerenciamiento español, aproxima posiciones con la población, genera distensión y remonta significativamente la mala imagen arrastrada. Consigue ingresar e iniciar la masificación de internet, pero los cambios en la política peruana, con un gobierno de transición, que da la largada al tercer estadio, comienzan a pasarle la factura de los desmanes producidos durante la década fujimorista. A la par, en España hay relevamientos internos, que conllevan a tener otros mandos en Perú, nuevamente presidencia extranjera, aunque con gerenciamiento nacional. Durante los años que cubre los mandatos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, no se generaron mayores conflictos, una que otra escaramuza regulatoria, pero nada de mayor importancia, eso permitió que su comportamiento mediático fuera eminentemente comercial con bajísima o casi inexistente presencia en los corrillos políticos.
La cuarta etapa, la del período 2006-2011, corresponde a la paz plena, casi una gestión meramente empresarial, momentos de gran expansión, dando paso a la despreocupación sobre el devenir de la política, grave error. Se produjo interceptación de comunicaciones, tanto en la red de telefonía fija, como en la transmisión de data, sin que haya habido un mea culpa o identificación de los despistados responsables. Tal vez allí puedan encontrar explicación a la poca disposición de un Presidente García, a la renovación de la concesión de dos bandas de telefonía móvil que se vencieron en las postrimerías de su gestión. Coincide también con la acuciosidad en la revisión del ente tributario que les hace una acotación de impuestos por cerca de 740 millones de dólares, con pronunciamiento del Tribunal Fiscal incluido.
La desprolijidad descrita ya había llevado las cosas, a principios de este año, al peor escenario, tomando la opción de judicializar el tema en el frente interno, obteniendo de una fiscalía de Lima, una rebaja de cerca del 45% de la pretensión de la autoridad tributaria, según refieren los que han tenido acceso al expediente. Lo menos que genera este pronunciamiento en el Ministerio Público, es la suspicacia, tenemos el derecho, hasta que alguien haga una explicación pública sobre la posición adoptada. No es tan fácil escamotear 300 millones de dólares en tan poco tiempo. Corresponderá al juez del caso la decisión.
En el quinto estadio, que es el presente, con el Humalismo en el ejercicio del poder, los frentes que tiene abiertos Movistar ya son múltiples: renovación de concesión de bandas de móviles, fijación del cargo por terminación de llamada de fijo a móvil y el diferendo tributario que he reseñado. Este gobierno que no se caracteriza por la celeridad en la postura, está demorando en plantear como va manejar la situación, lo que me imagino que ha originado que se rompa el equilibrio emocional de los directivos de Movistar, no vaya a ser que les ocurra hacer de quejosos en el frente externo, acudiendo a la justicia privada internacional, llamada: Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), lo que acaban de negar, pero nada asegura que no lo hagan pronto.
Los funcionarios de la filial peruana de la madrileña, tienen que entender que ahora estamos ante un escenario completamente diferente a lo vivido en 17 años, no porque este gobierno sea el nacionalismo que se preciaba; ha demostrado ser demasiado cauteloso, hasta pusilánime diría, pero el temor hace que su actuación sea complicada, no quieren pelearse con nadie, ni con las empresas, ni con las movimientos políticos, ni con los movimientos sociales, ni con los ciudadanos en general. La satisfacción de todos los frentes no es posible, por lo que las decisiones serán más difíciles que antes.
El reclamo ante el CIADI, le debe caer muy mal al gobierno, pues está tratando de ganarse la confianza internacional y esto lo obligará a exhibir toda una artillería pesada de abogados en Washington, donde no se puede dar el lujo de perder. Por supuesto esto significa que la posición estatal sea inamistosa.
En cuanto a la renovación de la concesión de bandas, es evidente que el Humalismo no puede dejar de cobrarla, ni hacer que pase por agua tibia, a pagar se ha dicho y por si acaso vayan pensando que no es poco.
Finalmente en el proceso judicial, hecho público recientemente, va ser difícil para cualquier magistrado dar opinión favorable a la empresa, van a tener todos los reflectores encima.
La multinacional ibérica está en nuestro país hace 17 años y ha convivido con los usos y costumbres de cuatro gobiernos. Distingo cinco etapas de comportamiento: dos durante el fujimorismo, la tercera entre los gobiernos de Paniagua y Toledo, la cuarta durante el mandato de Alan García y la quinta, la que acaba de empezar con Ollanta Humala.
En la primera etapa, durante la gestión de Fujimori y que cubre sus primeros cuatro años de operación, fue de tolerancia y protección estatal absoluta, recién habían ingresado al país, encontrándose con una estructura arcaica y con carencias en todos los ámbitos de la industria de las telecomunicaciones.
Esta permisividad, a veces excesiva, fue mal utilizada. Sus funcionarios fieles émulos de Cristóbal Colón trayéndonos las buenas nuevas del primer mundo, 502 años después, nos miraron de arriba hacia abajo y con una soberbia típica de capataz empleado de nuevo rico, se atrevieron a llamarnos grosera y peyorativamente “provincianos”, en boca nada menos que su presidente de turno de aquella época. Frase infeliz, que forma parte del pasivo que cargarán mientras permanezcan por estas latitudes. Así consolidaron posiciones, generando a la par un avance que no se puede negar, pues sería mezquindad.
El segundo estadio va de 1998 al 2000, presidencia peruana y gerenciamiento español, aproxima posiciones con la población, genera distensión y remonta significativamente la mala imagen arrastrada. Consigue ingresar e iniciar la masificación de internet, pero los cambios en la política peruana, con un gobierno de transición, que da la largada al tercer estadio, comienzan a pasarle la factura de los desmanes producidos durante la década fujimorista. A la par, en España hay relevamientos internos, que conllevan a tener otros mandos en Perú, nuevamente presidencia extranjera, aunque con gerenciamiento nacional. Durante los años que cubre los mandatos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, no se generaron mayores conflictos, una que otra escaramuza regulatoria, pero nada de mayor importancia, eso permitió que su comportamiento mediático fuera eminentemente comercial con bajísima o casi inexistente presencia en los corrillos políticos.
La cuarta etapa, la del período 2006-2011, corresponde a la paz plena, casi una gestión meramente empresarial, momentos de gran expansión, dando paso a la despreocupación sobre el devenir de la política, grave error. Se produjo interceptación de comunicaciones, tanto en la red de telefonía fija, como en la transmisión de data, sin que haya habido un mea culpa o identificación de los despistados responsables. Tal vez allí puedan encontrar explicación a la poca disposición de un Presidente García, a la renovación de la concesión de dos bandas de telefonía móvil que se vencieron en las postrimerías de su gestión. Coincide también con la acuciosidad en la revisión del ente tributario que les hace una acotación de impuestos por cerca de 740 millones de dólares, con pronunciamiento del Tribunal Fiscal incluido.
La desprolijidad descrita ya había llevado las cosas, a principios de este año, al peor escenario, tomando la opción de judicializar el tema en el frente interno, obteniendo de una fiscalía de Lima, una rebaja de cerca del 45% de la pretensión de la autoridad tributaria, según refieren los que han tenido acceso al expediente. Lo menos que genera este pronunciamiento en el Ministerio Público, es la suspicacia, tenemos el derecho, hasta que alguien haga una explicación pública sobre la posición adoptada. No es tan fácil escamotear 300 millones de dólares en tan poco tiempo. Corresponderá al juez del caso la decisión.
En el quinto estadio, que es el presente, con el Humalismo en el ejercicio del poder, los frentes que tiene abiertos Movistar ya son múltiples: renovación de concesión de bandas de móviles, fijación del cargo por terminación de llamada de fijo a móvil y el diferendo tributario que he reseñado. Este gobierno que no se caracteriza por la celeridad en la postura, está demorando en plantear como va manejar la situación, lo que me imagino que ha originado que se rompa el equilibrio emocional de los directivos de Movistar, no vaya a ser que les ocurra hacer de quejosos en el frente externo, acudiendo a la justicia privada internacional, llamada: Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), lo que acaban de negar, pero nada asegura que no lo hagan pronto.
Los funcionarios de la filial peruana de la madrileña, tienen que entender que ahora estamos ante un escenario completamente diferente a lo vivido en 17 años, no porque este gobierno sea el nacionalismo que se preciaba; ha demostrado ser demasiado cauteloso, hasta pusilánime diría, pero el temor hace que su actuación sea complicada, no quieren pelearse con nadie, ni con las empresas, ni con las movimientos políticos, ni con los movimientos sociales, ni con los ciudadanos en general. La satisfacción de todos los frentes no es posible, por lo que las decisiones serán más difíciles que antes.
El reclamo ante el CIADI, le debe caer muy mal al gobierno, pues está tratando de ganarse la confianza internacional y esto lo obligará a exhibir toda una artillería pesada de abogados en Washington, donde no se puede dar el lujo de perder. Por supuesto esto significa que la posición estatal sea inamistosa.
En cuanto a la renovación de la concesión de bandas, es evidente que el Humalismo no puede dejar de cobrarla, ni hacer que pase por agua tibia, a pagar se ha dicho y por si acaso vayan pensando que no es poco.
Finalmente en el proceso judicial, hecho público recientemente, va ser difícil para cualquier magistrado dar opinión favorable a la empresa, van a tener todos los reflectores encima.
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