Por: César Gutiérrez Peña (Lima, 6 Oct. 2011).- El efecto de la “cinta para correr”, es decir la simulación de trotar pero sin avanzar, es lo que estamos viviendo en el caso de la renovación de las frecuencias caducadas en Perú, para telecomunicaciones móviles, de la española Movistar.
Se ha puesto en discusión las condiciones para otorgar la renovación, que más allá de los legalismos- necesarios de todas maneras- que no pueden ir contra la realidad, significa un pago que deben hacer los ibéricos al estado peruano.
Hoy el mercado está casi al 100% de cobertura, hay una cultura al respecto y se espera que la tendencia continúe, el que opere las frecuencias tendrá una rentabilidad de todas maneras, constituyéndose en un bien sobre el cual el estado tiene un derecho económico a rentar, la discusión debe ser el tamaño de la renta.
En los 20 años que la operadora española usufructuó las frecuencias, materia de discusión, invirtieron pensando en el horizonte de su contrato y obtuvieron resultados netos como mejor pudieron, convirtiéndose en el líder del mercado con cerca del 63% de participación en número de abonados, siendo su principal fuente de ingresos el tráfico de llamadas salientes, cerca del 60% del total; el resto de rubros, como el cargo por terminación de llamadas (lo que se cobra por el ingreso de las llamadas de otros operadores a los abonados de Movistar), la transmisión de data, la venta de equipos y otros, representan el 40% de ingresos brutos.
En los tres últimos años, ha habido cuotas de mercado, ingresos por tráfico de llamadas sobre ingresos brutos y utilidad neta sobre tráfico de llamadas que tienen una tendencia. La elaboración de un modelo matemático que simule esta tendencia por los próximos 20 años, asumiendo una tasa de descuento del 12% anual en dólares, que es lo utilizado por el estado, nos deja un valor actual de beneficios netos de 2,257 millones de dólares. La pregunta es: ¿cuánto debe aspirar el estado de esta suma? La respuesta será el valor de la esquiva renovación
El regulador Osiptel ha planteado que la española pague 836 millones de dólares, para renovar, lo que representa un 37% de las utilidades calculadas, me pregunto ¿por qué no es más, 50% por ejemplo?, es decir 1,129 millones de dólares; alguien dirá ¿por qué no menos? Ese es el verdadero debate, el resto son temas nimios.
Se ha puesto en discusión las condiciones para otorgar la renovación, que más allá de los legalismos- necesarios de todas maneras- que no pueden ir contra la realidad, significa un pago que deben hacer los ibéricos al estado peruano.
Hoy el mercado está casi al 100% de cobertura, hay una cultura al respecto y se espera que la tendencia continúe, el que opere las frecuencias tendrá una rentabilidad de todas maneras, constituyéndose en un bien sobre el cual el estado tiene un derecho económico a rentar, la discusión debe ser el tamaño de la renta.
En los 20 años que la operadora española usufructuó las frecuencias, materia de discusión, invirtieron pensando en el horizonte de su contrato y obtuvieron resultados netos como mejor pudieron, convirtiéndose en el líder del mercado con cerca del 63% de participación en número de abonados, siendo su principal fuente de ingresos el tráfico de llamadas salientes, cerca del 60% del total; el resto de rubros, como el cargo por terminación de llamadas (lo que se cobra por el ingreso de las llamadas de otros operadores a los abonados de Movistar), la transmisión de data, la venta de equipos y otros, representan el 40% de ingresos brutos.
En los tres últimos años, ha habido cuotas de mercado, ingresos por tráfico de llamadas sobre ingresos brutos y utilidad neta sobre tráfico de llamadas que tienen una tendencia. La elaboración de un modelo matemático que simule esta tendencia por los próximos 20 años, asumiendo una tasa de descuento del 12% anual en dólares, que es lo utilizado por el estado, nos deja un valor actual de beneficios netos de 2,257 millones de dólares. La pregunta es: ¿cuánto debe aspirar el estado de esta suma? La respuesta será el valor de la esquiva renovación
El regulador Osiptel ha planteado que la española pague 836 millones de dólares, para renovar, lo que representa un 37% de las utilidades calculadas, me pregunto ¿por qué no es más, 50% por ejemplo?, es decir 1,129 millones de dólares; alguien dirá ¿por qué no menos? Ese es el verdadero debate, el resto son temas nimios.
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