Por: Marcos Kisner Bueno
(Lima, 30 Ago. 2011).-Durante décadas la pesquería ha sido regulada privilegiando a la industria y a las exportaciones, relegando a la pesquería artesanal y al mercado interno.
Siendo el país que desembarca los volúmenes más grandes de pesca en el mundo, la población no tiene acceso a los productos pesqueros en forma masiva, los cuales a su vez tienen precios fuera del alcance de las grandes mayorías.
El gobierno que ha accedido al poder el 28 de Julio del 2011 es la primera y única esperanza del país para regular la pesquería en forma adecuada y conveniente a los interés nacionales y a la población peruana, única y legítima propietaria de los recursos naturales.
Es inevitable, entonces, comprender que no se puede regular ni administrar lo que no se conoce, por lo cual el primer paso debe ser priorizar la investigación de todos los recursos pesqueros existentes, de tal forma que se pueda determinar los límites máximos de captura anual para cada especie.
Pescar no puede ser un derecho, sino un privilegio concedido a quienes aceptan que no se puede capturar más de lo que es posible, en vías de asegurar pesquerías sostenibles en el tiempo. La captura debe realizarse en forma amigable con la naturaleza, evitando la contaminación y el deterioro del medio ambiente.
El recurso pesquero no aumenta en función de la demanda, por tanto deberá comprenderse que la extracción tiene límites que deben ser impuestos por una adecuada relación entre lo que es posible extraer y la capacidad existente para realizar esfuerzo pesquero.
En un enfoque precautorio, es preciso reservar la extracción para los peruanos privilegiando el consumo nacional y procurando que el Estado cobre lo justo por el derecho a pescar en el dominio marítimo peruano.
Las poblaciones costeras, fluviales y lacustres, tienen el derecho a disponer de recursos pesqueros abundantes procedentes de sus propias zonas inmediatas de pesca a precios accesibles, a una existencia libre de contaminación, con prevención adecuada contra desastres naturales y la obligación de ejercer control sobre las actividades extractivas que aseguren que las pesquerías de sus áreas sean sostenibles y sin impactar negativamente sobre sus ecosistemas y el medio ambiente.
El control y vigilancia de que las actividades pesqueras cumplan estas condiciones compete, en primera instancia, a los propios pobladores, quienes tienen la obligación de educarse e instruirse en la problemática derivada de la actividad pesquera. No se puede vivir de espaldas al mar, a los ríos ni a las lagunas. Es preciso conocerlos y protegerlos. Su futuro depende de la comprensión que sobre ellos vaya adquiriendo la población.
Siendo el país que desembarca los volúmenes más grandes de pesca en el mundo, la población no tiene acceso a los productos pesqueros en forma masiva, los cuales a su vez tienen precios fuera del alcance de las grandes mayorías.
El gobierno que ha accedido al poder el 28 de Julio del 2011 es la primera y única esperanza del país para regular la pesquería en forma adecuada y conveniente a los interés nacionales y a la población peruana, única y legítima propietaria de los recursos naturales.
Es inevitable, entonces, comprender que no se puede regular ni administrar lo que no se conoce, por lo cual el primer paso debe ser priorizar la investigación de todos los recursos pesqueros existentes, de tal forma que se pueda determinar los límites máximos de captura anual para cada especie.
Pescar no puede ser un derecho, sino un privilegio concedido a quienes aceptan que no se puede capturar más de lo que es posible, en vías de asegurar pesquerías sostenibles en el tiempo. La captura debe realizarse en forma amigable con la naturaleza, evitando la contaminación y el deterioro del medio ambiente.
El recurso pesquero no aumenta en función de la demanda, por tanto deberá comprenderse que la extracción tiene límites que deben ser impuestos por una adecuada relación entre lo que es posible extraer y la capacidad existente para realizar esfuerzo pesquero.
En un enfoque precautorio, es preciso reservar la extracción para los peruanos privilegiando el consumo nacional y procurando que el Estado cobre lo justo por el derecho a pescar en el dominio marítimo peruano.
Las poblaciones costeras, fluviales y lacustres, tienen el derecho a disponer de recursos pesqueros abundantes procedentes de sus propias zonas inmediatas de pesca a precios accesibles, a una existencia libre de contaminación, con prevención adecuada contra desastres naturales y la obligación de ejercer control sobre las actividades extractivas que aseguren que las pesquerías de sus áreas sean sostenibles y sin impactar negativamente sobre sus ecosistemas y el medio ambiente.
El control y vigilancia de que las actividades pesqueras cumplan estas condiciones compete, en primera instancia, a los propios pobladores, quienes tienen la obligación de educarse e instruirse en la problemática derivada de la actividad pesquera. No se puede vivir de espaldas al mar, a los ríos ni a las lagunas. Es preciso conocerlos y protegerlos. Su futuro depende de la comprensión que sobre ellos vaya adquiriendo la población.
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