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¿Cuánto cuestan los peces?

Por: Marcos Kisner Bueno, REVISTA PESCA

(Lima, Perú).- Los peces constituyen un recurso natural que se encuentra disponible en su hábitat natural, bien sea océanos, ríos o lagos y lagunas. Nadie los riega, abona, alimenta  o gasta en su mantenimiento. Por tanto cuando un pescador, sea industrial o artesanal los extrae, es decir los saca de su hábitat natural para convertirlos en producto de comercialización, no les cuesta dinero.

Que gasten en las actividades propias de la extracción, o sea artes de pesca, mano de obra, combustible y otros, no significan que se está asignado un valor al pez como materia prima.

Diferente es el caso, por ejemplo, de una granja de pollos en la cual las gallinas ponedoras tienen un precio y los pollitos, que son la materia prima, deben ser cuidados, alimentados y administrados. Si luego esos pollos se convierten en pollo a la brasa o en un congelado para exportar, es otro negocio. En cualquier caso de los últimos mencionados, el empresario pagó por la materia prima antes de agregar sus demás costos de procesamiento y comercialización y pagarán su impuesto a la renta en proporciones diferentes sujeto a diversas variables.

El escondido aquí es que el Estado cobra ese impuesto en función a la eficiencia de la empresa y a la pulcritud de la declaración de utilidades de la misma. Supongamos dos empresas que producen ambas la  misma cantidad de producto terminado con la misma cantidad de materia prima. Una es eficiente y la otra menos eficiente. Por tanto una gana más dinero que la otra y obtendrá más utilidades por lo cual tanto pagarán impuestos diferentes pese a haber extraído la misma cantidad de materia prima.

Pero lo que ocurre es que ambas empresas extrajeron la misma cantidad de peces de su hábitat a un costo cero, porque no se puede asumir ni creer que los derechos de pesca que pagan sean una cifra que refleje el verdadero valor de esa materia prima. Por tanto el Estado recauda nada por el valor de su recurso natural y cifras distintas por impuesto a la renta dependiendo de lo que declara cada empresa luego de sus operaciones de extracción, procesamiento y comercialización.

Esa extracción de materia prima genera un impacto negativo sobre el medio ambiente, contamina tanto la flota como la planta industrial y se genera un impacto sobre el ecosistema. Por lo tanto, adicionalmente a que no se paga por el valor de materia prima, no se cobra por los impactos que genera, lo que lleva al estado a mantener un ecosistema contaminado o a programar su descontaminación utilizando recursos provenientes de otras fuente de financiamiento, o sea de impuestos de otros sectores.

El resto de pagos que efectúa la industria pesquera son tasas o gastos de funcionamiento del sistema satelital. Los aportes al FONCOPES, en el caso de la industria reductora de harina de pescado, que devienen del DL 1084 y que de alguna manera han sido compensados por el privilegio de la exclusividad que representan las cuotas individuales de pesca. De igual manera los gastos que genera el sistema de control y vigilancia, que fueron asumidos por los propios administrados por acuerdo con la autoridad de Pesquería; pero que igual se destinan al pago de ese servicio exclusivamente.

Por lo tanto no son pagos que compensen al país por la extracción de los peces y los impactos que genera esa actividad.

Adicionalmente la exportación de los recursos pesqueros transformados le genera incentivos al empresario pesquero como son la devolución de IGV y el pago del drawback, en algunos casos, que es una especie de premio a la exportación. Cabe decir que la venta para el mercado interno no tiene incentivo, premio, estímulo ni privilegio alguno. Lo que significa que nadie tendrá interés en invertir en alimentar a nuestra propia población porque es mejor negocio exportar.

Por lo tanto en este escenario es natural y justo que la Sociedad Civil deba exigir que el Estado cobre un justiprecio por la extracción de los recursos pesqueros que represente una debida participación de la Nación en el negocio que la industria hace con recursos que son patrimonio de todos los ciudadanos.

Así como la minería paga regalías y se discute en todos los foros la aplicación de impuestos a las sobre ganancias, debería discutirse también la necesidad de aplicar regalías a la extracción de recursos pesqueros, que si bien es cierto son renovables, no significa que se puede lucrar con ellos en beneficio de una reducida porción de la población sin abarcar a toda la sociedad.

Lo que el Estado peruano cobra por lo que denomina “derechos de pesca” es una cantidad bastante pobre:

Por especies destinadas al consumo humano directo

Reglamento de la Ley General de Pesca. Artículo 45.- Monto de los Derechos de Pesca para pelágicos y merluza

El pago de derechos por concepto de explotación de recursos hidrobiológicos que se señalan a continuación se establecen en:

a)    Derechos por extracción de los recursos anchoveta, sardina, jurel y caballa: 0.075% UIT/ton. Métrica extraída         

b)    Derechos por extracción del recurso merluza: 0.15 % UIT/ton. Métrica descargada  

O sea:

Merluza S/.5.48 x tonelada extraída

Jurel, caballa y anchoveta S/.2.74 x tonelada

Por la anchoveta destinada a la producción de harina paga el 0.25% del valor FOB de la tonelada de harina exportada. SI el precio promedio es de US$1,500, pagará US$3.75, o sea S/.9.94 por tonelada a un tipo de cambio de 2.65

La pesca artesanal está exonerada de estos pagos.

Adicionalmente la pesca industrial, como cada empresa en el país, paga un impuesto a la renta de tercera categoría que se calcula en base a las utilidades que declara. La tasa es del 30% sobre la utilidad bruta anual.

Todos los ciudadanos que tienen ingresos de cuarta y quinta categoría, es decir los empleados en planilla y los que emiten recibo por honorarios profesionales, de acuerdo a escalas, pagan impuesto a la renta del 10 ó 15% sobre su ingreso bruto con las deducciones que permite la ley. No hay forma de evadirlo porque la retención se hace en planilla o sobre el documento de pago.

La empresa recién paga sobre las utilidades declaradas y el porcentaje en relación a sus ingresos da cifras sorprendentes.

Algo no funciona bien en el sistema. El Ministerio de Economía y Finanzas así como el Congreso de la República deberían interesarse en este tema que excede a las competencias y posibilidades del Ministerio de la Producción.

Cifras. Fuente: SUNAT. Elaboración: Revista Pesca





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La problemática del Calamar Gigante (Pota) en el Perú

Por: Marcos Kisner, Revista Pesca

(Lima, Perú).- La situación por la que atraviesan armadores dedicados a la merluza y empresas congeladoras en el Perú las ha llevado a incursionar en otras pesquerías como la Pota o Calamar gigante, recurso ampliamente distribuido en el litoral peruano y con un atractivo mercado  en Japón, Corea, China y España. Sin embargo la explotación de este recurso por parte de una flota de pesca calamarera de Japón y Corea, mediante sucesivos convenios suscritos con el Ministerio de la Producción del Perú, ha provocado que la Pota procesada en el Perú no pueda competir con la capturada por esta flota en “ultramar” que ingresa libre de aranceles a sus mercados. Esta situación ha levantado protestas de empresarios pesqueros peruanos de consumo humano directo y de los pescadores artesanales, desde mucho tiempo atrás, que exigen a las autoridades de pesquería poner término a la concesión de estos permisos.

Japón es el principal otorgador de subsidios a su industria pesquera, lo cual explica que en las negociaciones del TLC consideraron a la pesquería como un área sensible a la cual pusieron muchos obstáculos para otorgar reducciones arancelarias para la importación de dichos productos. Implica también que su flota potera recibe subsidios. Se configura así una competencia desleal contra la industria congeladora nacional.

Es necesario que la concesión de permisos de pesca a embarcaciones de bandera extranjera sea revisada en un marco más integral que la simple exposición de razones biológicas: impactos sobre la industria nacional, impactos sobre la flota pesquera artesanal nacional, impactos sobre las exportaciones peruanas, existencia de subsidios en el país de origen.

La existencia de suficiente biomasa del recurso pota como para que los pescadores artesanales peruanos compartan el mismo con pescadores industriales peruanos y también extranjeros, podría ser un argumento razonable en la medida que la información científica que cuantifica la biomasa sea correcta; pero no puede omitirse la medición del impacto que generaría esa concesión de permisos.

El argumento de que la pota es un depredador que puede estar alimentándose de otros recursos provocando su escasez es razonable también. Pero es aventurado decir que “como la pota se está comiendo todo lo que encuentra, se aperture su captura a flotas extranjeras para que contribuyan a resolver el problema ya que la flota artesanal peruana es insuficiente para hacerlo”.

Mediante Decreto Supremo N° 014-2011-PRODUCE, expedido con fecha 4 de octubre de 2011 por la administración Burneo - Barrios, se aprobó el Reglamento del Ordenamiento Pesquero del Calamar Gigante o Pota “Dosidicus gigas”, para regular el acceso a la actividad extractiva y las operaciones de pesca tanto de embarcaciones pesqueras de bandera nacional como de bandera extranjera

Para que la flota de bandera extranjera acceda a la pesquería del recurso pota en nuestras aguas jurisdiccionales es necesario que, previamente y a través de un estudio bioeconómico y social, se determine la existencia de una excedencia de la captura no aprovechada por la flota nacional (actualmente conformada mayoritariamente por embarcaciones artesanales) y se analicen los impactos sociales, económicos y comerciales sobre los diversos agentes dedicados a la extracción, procesamiento y exportación del citado recurso, con la finalidad de determinar la viabilidad de su acceso.

Este ROP modificó el anteriormente vigente, que era muy flexible y generoso con el otorgamiento de permisos de pesca para pota a embarcaciones extranjeras al punto que era más fácil el acceso a estas que a las embarcaciones industriales peruanas.

La nueva norma introduce dos factores limitantes: el primero es que haya un excedente de biomasa establecida por el IMARPE: el segundo es que si se configura el excedente, técnicamente demostrado, se evalúe si la flota extranjera causaría impactos negativos sobre la pesca artesanal peruana y la industria pesquera peruana.

Introduce también el concepto de acceso por concurso público lo que permitiría incorporar un derecho de pesca más alto que las anteriores tasas que eran de alguna manera muy generosas.

Por tanto, se garantiza que, de concederse permisos, no se afectará a la industria y pesquería nacional.

Sin embargo, pese a que el ROP vigente protege a la flota artesanal peruana, los gremios artesanales, desconfiados, han solicitado públicamente y oficialmente que la actividad pesquera referida al recurso pota sea declarada de exclusividad de la pesca artesanal peruana. Estos gremios han pedido expresamente que no se conceda permisos de pesca a embarcaciones de bandera extranjera y tampoco a embarcaciones industriales de bandera peruana.

Por otro lado si se concede acceso a la pesquería de la pota a armadores de bandera extranjera se estaría discriminando a armadores industriales peruanos que también pretenden acceso a dicha pesquería, en violación a principios constitucionales.

En un pasado cercano, los gobiernos de Japón y Corea han insistido en acceder a permisos de pesca para la extracción de pota en diversos tonos y maneras. De alguna forma se pretende condicionar la cooperación internacional a la concesión de permisos de pesca, lo cual es inaceptable para un gobierno soberano. Es indebido sacrificar recursos naturales como los pesqueros, en el altar de una “cooperación” que, por definición no implica un cobro o retribución, ya que ello desvirtúa el término.

La reacción de los agentes del sector pesquero artesanal y aún de la industria congeladora nacional puede generar un conflicto social de magnitud impredecible.

La ex viceministra Majluf opinó en forma desfavorable a la modificación del ROP de la pota propuesta por la Alta Dirección del Ministerio, que tiene rango de Decreto Supremo, por cuanto fue y es consciente de la necesidad de atender a los planteamientos de la flota artesanal peruana, que con justa razón y derecho lo exigen, así como por defender el principio de que no puede perforarse la normatividad pesquera vigente introduciendo artículos que favorecen a intereses particulares. En este caso, de otros países.

En los siguientes links se puede leer con mayor abundancia de detalles la problemática que esto representa y que la revista Pesca ha comentado desde tiempo atrás por cuanto no es un tema reciente sino de larga data. Una larga historia de entreguismo fácil de nuestros recursos pesqueros.

http://www.revistapescaperu.com/index.php/bitacora/431-pesqueria-pota

http://www.revistapescaperu.com/index.php/bitacora/295-norma-legal-indebida

http://www.revistapescaperu.com/index.php/bitacora/265-poteras-japonesas-peru

http://www.revistapescaperu.com/index.php/bitacora/264-tlc-con-japon-y-corea-desde-el-sector-pesca

http://www.revistapescaperu.com/index.php/bitacora/259-se-concedio-licencia-de-pota-a-embarcacion-japonesa

http://www.pescasostenible.blogspot.com/2010/11/mas-alla-de-una-norma-indebida.html

http://www.pescasostenible.blogspot.com/2010/11/mas-alla-de-una-norma-indebida.html

http://www.pescasostenible.blogspot.com/2010/07/la-investigacion-en-pesqueria.html

http://www.revistapescaperu.com/index.php/bitacora/254-coreanas-paita

http://elmarabierto.blogspot.com/2010/07/el-debido-analisis-de-la-problematica.html

http://elmarabierto.blogspot.com/2010/07/comentarios-al-regimen-provisional-para.html

http://elmarabierto.blogspot.com/2010_07_09_archive.html

http://www.revistapescaperu.com/index.php/bitacora/232-flota-potera







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La renuncia de Patricia Majluf al cargo de Viceministra de Pesquería

Por Marcos Kisner, Revista Pesca

Extracción de pota por extranjeros fue el detonante de renuncia de Patricia Majluf (diario Gestión). Denunció que se le quiso imponer un decreto supremo para dar luz verde a las embarcaciones foráneas para extraer pota, contrario a lo acordado por Produce con los pescadores artesanales. Advirtió de una convulsión social.

La ex viceministra aclaró que no fue su culpa la demora de ampliar la cuota de merluza.

La viceministra de Pesquería, Patricia Majluf, presentó su carta de renuncia ante el ministro de la Producción, José Urquizo, en la que enumera diversas denuncias respecto a la gestión del sector pesquero.

En la carta dice claramente: “Tengo a bien dirigirme a usted, señor Ministro, a fin de expresarle mi profunda discrepancia e insatisfacción en relación a la forma en la que se viene llevando a cabo la gestión del sector pesquero en el Ministerio que usted tiene a su cargo”.

La gota que rebalsó el vaso no fue la ampliación de la cuota de merluza (de la que no estuvo en sus planes) tras la huelga de pescadores en Paita, cuyo saldo fue dos muertes y una veintena de heridos.

Sobre este caso, aclaró que su despacho cumplió con el visado respectivo a la resolución que ampliaba la cuota de merluza y que la demora de su publicación estuvo fuera de su control: “Siempre se mantuvo la disposición de cumplir con los acuerdos pactados. La demora en la publicación de esta resolución se debió a razones ya fuera del control del Despacho de Viceministerial de Pesquería”.

El detonante de su renuncia fue un decreto supremo ajeno a las decisiones de su despacho que “modificaría el Reglamento de Ordenamiento Pesquero de la Pota a fin de permitir la extracción de dicho recurso por parte de embarcaciones extranjeras sin cumplir con los requisitos establecidos en dicha norma”.

Majluf increpó al ministro Urquizo a que esta propuesta contraviene al espíritu de garantizar un impacto negativo sobre la industria pesquera nacional proveniente de la extracción de la pota por parte de embarcaciones extranjeras.

Asimismo, la ahora ex viceministra anotó que modificar dicho reglamento ignora los acuerdos adoptados el 4 y 9 de abril con diversos gremios de pescadores artesanales dedicados a la extracción de pota.

Y advirtió de una nueva convulsión social: “Esta situación podría generar un nuevo foco de reclamos provenientes de los pescadores artesanales y la industria congeladora de imprevisibles consecuencias”.

Majluf denunció privilegios en los nombramientos de los altos funcionarios en el Viceministerio de Pesquería, sin experiencia en el sector, lo que le significó también una traba en su gestión.

“Para lograr los objetivos expuestos anteriormente es que acepté asumir el liderazgo del Despacho Viceministerial de Pesquería, con su compromiso de que contaría con el respaldo necesario de las más altas autoridades para lograr el ordenamiento de un sector que por años se ha caracterizado por el desorden, la corrupción y la alta influencia de grupos de interés particulares en la toma de decisiones que corresponden únicamente al Estado”, le dijo al ministro Urquizo.

Lea aquí la carta de renuncia (diario Gestión).

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Presupuesto y eficiencia en la gestión pública pesquera

Por Marcos Kisner Bueno, Revista Pesca

(Lima, 12 Ene. 2012).- La evaluación de la ejecución presupuestal del sector Pesca de los últimos once años constituye una ecuación lineal, fría y objetiva de la eficiencia de la administración pública referida en este caso puntual a este sector.

Más allá de presupuestos pobres, de contribuciones inadecuadas de la industria, y de ratios cuestionables, el hecho evidente es que la eficiencia en la ejecución del presupuesto tiene niveles deficientes.

Podría utilizarse ese argumento para juzgar que el sector no necesita de más presupuesto ni contribución de la industria pesquera en vista de la pobre capacidad de gasto demostrada en una década; pero eso sería un análisis relativo e injusto. Más allá de que puede haber argumentos que justifiquen la pobre ejecución presupuestal, no se debe dejar de lado la cuestión ética y moral del debido aporte de la industria pesquera para con la sociedad civil por la extracción de recursos naturales.

En un Estado debidamente organizado, con una política definida y con la adecuada voluntad política de ejecutarla, cristalizado en un documento técnico de gestión como el Plan Estratégico Sectorial Multianual, que define objetivos, indicadores y metas para todo el quinquenio de gobierno, lo único que queda a los Titulares de Pliego es dedicar su gestión al cumplimiento de sus Planes Estratégicos y Operativos, puntualizando su acción y control en la eficiente ejecución del presupuesto.

Sería lo adecuado que los equipos que desempeñarán la gestión pública no tengan un alto índice de rotación sino que sea el menor posible a fin de formar grupos de trabajo expertos e identificados con las metas diseñadas por la voluntad del gobierno de turno.

Idealmente, la máxima expresión de eficiencia sería que las políticas fuesen de largo plazo y sean continuadas por los gobiernos sucesivos, de tal modo que las metas que no pueden alcanzarse en el corto plazo se continúen para alcanzarse en los plazos adecuados.

La estadística de los últimos once años evidencia no solamente poca eficiencia en el gasto público sino ausencia de políticas, de planes y objetivos que se agravan con una excesiva rotación de funcionarios. Cada vez que se cambia al Titular del Pliego, este movimiento genera relevos de casi todo el equipo, lo que contribuye alarmantemente a pobres niveles de eficiencia en el gasto y el planeamiento.

Los políticos que asumen la cartera de Producción y de Pesquería no necesariamente están obligados por norma alguna a continuar los planes (si los hubo) de su predecesor, lo que sumerge a la pesquería en una suerte de nave sin rumbo en un océano donde cada vez hay menos peces, mientras la población reclama cada vez mayor proteína y mayores fuentes de trabajo.

La meta principal en el sector, como mínimo, es trabajar para asegurar la eficiencia en la ejecución del gasto presupuestal. Esto implica capacidad de liderazgo y de gestión no solo en el Titular del Pliego sino en los directores, que son los responsables directos de la ejecución.

Los medios de comunicación se han venido convirtiendo en factor casi determinante del accionar de los funcionarios que desempeñan cargos de confianza, por cuanto una de las principales metas, al parecer, es conseguir una imagen mediática lo más aceptable posible. Esta inclinación, generalmente, va en desmedro del trabajo eficiente y productivo, por cuanto se busca prioritariamente la aceptación de los medios y de los agentes del sector antes que ejecutar una política pública aunque signifique granjearse enemistades y animadversiones de sectores minoritarios, entendiendo que se administra para beneficio de las mayorías.

En los últimos once años el sector Producción ha dejado de ejecutar casi 340 millones de soles, lo que deja mucho que desear de la eficiencia de sus funcionarios. Esta cifra es casi la mitad de la que se requiere para adecuar la infraestructura pesquera artesanal a la norma sanitaria y además ponerlos en óptimas condiciones operativas.

Cabe preguntarse si una de las razones es la alta rotación de funcionarios, o la mayor dedicación de tiempo a granjearse la opinión favorable de los medios de comunicación y de los agentes del sector en perjuicio de una mayor concentración en la ejecución de los planes operativos que disponen de una asignación presupuestal.

Otra razón puede ser el tiempo dedicado a inventar o diseñar nuevas políticas en ausencia de una política de Estado, o la discrecionalidad que evidencian los titulares de Pliego para imponer nuevas orientaciones estratégicas o políticas durante su gestión, que en los últimos 5 años ha sido, por cierto muy breve o insuficiente, por lo menos para ejecutar una Política de Estado que, por otro lado también brilla por su ausencia.

A la precariedad y temporalidad del empleo de ministro, viceministro y director, debe sumarse la exposición que sufren no solo a los medios de comunicación, sino a toda la crítica maldiciente que existe en el sector y que se complace tan solo en el ataque y la crítica destructiva. Se añade a los lacayos que, probablemente pagados por sectores que se ven afectados de una u otra manera por la administración (especialmente si pretende introducir reformas), desatan campañas que incluyen ataques personales.

Otro factor desestabilizante es la existencia de casi 2,000 organizaciones sociales de pescadores artesanales que exigen y demandan tantas cosas que se hace casi imposible atenderlo a todos. Se suma a los gremios privados que no solo efectúan demandas sino que pretenden dirigir el sector en la práctica, lo que configura un sector casi ingobernable.

Finalmente, al término de la gestión cada uno de los funcionarios designados enfrentará procesos investigatorios, juicios y demandas, algunos justificados y otros no porque se derivan del cumplimiento de funciones, a veces con una vehemencia que exige una velocidad mayor a la que el aparato público puede moverse debido a su propia estructura.

La cereza del postre es la inexistencia de un plan político, de un programa, de metas de largo plazo. Si los funcionarios designados disponen de la libertad de introducir sus propias ideas y criterios cada vez que asumen el cargo, el desgobierno se hace evidente. Si el Presidente de la República y su entorno no imponen una política clara y objetivos claros, el desgobierno se hace más evidente. Si el entorno Presidencial ignora al sector pesquero, bien sea porque lo considera un sector “light” o por ausencia de información real, aún en la presunción de que exista un programa de gobierno para la pesquería, seguiríamos estando en un desgobierno sujeto a la discrecionalidad de los titulares de pliego, que en cualquier circunstancia, son empleados precarios, temporales y sin ningún forma de estabilidad o fecha de término de su gestión.

No podría configurarse un sistema más perverso que el descrito, constituyéndose en el escenario real en el cual se tiene que mover la administración pública del sector pesquero, para beneplácito de todos los maldicientes, críticos y analistas que jamás encontrarán al funcionario ideal, salvo que fuesen ellos mismos.

El presidente Humala en Paraguay calificó al Perú como un "país privatizado" y criticó que haya empresas con más plata que el Estado. "Debe haber un balance", añadió. Volvió a expresar su postura a favor de un Estado con mayor protagonismo en el Perú, al considerar que estamos en un "país privatizado", según explicó durante su alocución en la Cumbre Iberoamericana. "Hemos pasado de tener un Estado empresario a un Estado débil (...) Y hablar del Estado era un pecado porque iba en contra de la corriente neoliberal", dijo Humala, quien criticó a ciertos sectores –"poderes fácticos", los llamó- que lo presionaron desde el día siguiente a su victoria en las elecciones presidencial.

"Hoy tenemos muchas empresas multinacionales que tienen más plata que muchos Estados (...) Por ello tenemos que establecer un balance en el rol de la educación, la seguridad, la regulación del mercado", mencionó. Asimismo, el mandatario peruano criticó que en el país "estamos acostumbrados a seguir disciplinadamente las recetas de los organismos multilaterales", que, según dijo, quieren establecer a los gobiernos el camino por el que deben marchar.

Este término ha sido empleado juiciosamente por el Presidente de la República en un discurso en Paraguay. “El Perú ha sido secularmente manipulado y dirigido por este tipo de poder en todos los sectores”.

El sector pesquero no es ajeno a este tipo de manipulación. Eso lo saben todos los agentes del sector y todos los funcionarios y empleados de la administración. Más allá de la prueba y del hecho legal o ilegal que ello constituya, se impone la primacía de la realidad y su propio paisaje. Más allá de lo que digan o dejen de seguir los medios, o quienes controlen a los medios, los lacayos y los maldicientes, todos saben que existió un estilo en el cual la fuerza y el poder generado por el dinero que mueve el sector, constituían factor primario en la regulación del negocio pesquero y que han recuperado su espacio con la salida de ex Ministro Burneo.

Un ejemplo del riesgo que corre quien de buena fe acepta un cargo público, entre otros riesgos, es el de la ex viceministra Rocío Barrios. A la salida de Burneo, se le pidió que continuase en el cargo a lo cual ella accedió si se respetaba al equipo que conformó, lo que fue aceptado. Sin embargo, pese a ello, varios de sus directores fueron reemplazados sin consultarle y sin su visto en la Resolución correspondiente. Ante dicha situación presentó su carta de renuncia irrevocable, la cual curiosamente no fue tramitada en algún nivel de la administración y más bien se publicó un Decreto en el cual se dejaba sin efecto su designación sin hacer referencia a su carta de renuncia. Lo que evidencia, que además de la precariedad y dificultad de ser autoridad, se está expuesto a vendettas de tipo político o proveniente de personajes influyentes, seguramente. No es lo mismo renunciar ante una coyuntura de inaceptables condiciones para continuar en el cargo, a que dejen sin efecto una designación.

Todos los directores de PRODUCE, excepto 2, han sido reemplazados. Obviamente por el tiempo que dure la actual gestión, porque sin ninguna duda el ministro que reemplace al actual hará lo propio y así será sucesivamente.

El poder fáctico ha sido determinante en la historia de la pesca, así como en la historia del país. Tal como se ven las cosas parece que seguirá siendo así pese a las buenas intenciones del Presidente de la República.

Se aprecia un problema de gestión y de desconocimiento de la realidad pesquera en todos los niveles de gobierno.
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Uso y abuso del poder y la manipulación

Por: Marcos Kisner Bueno / Revista Pesca

(Lima, 11 Dic. 2011).- La pesquería ha hecho uso y abuso de una posición privilegiada por el poder de haber dirigido directa o indirectamente la administración del sector.

La pérdida de ese estatus de dominación, debidamente impulsada por la administración actual, ha removido hasta los cimientos la estructura del poder y el ego de muchas personas y asociaciones que lanzan una ofensiva a través de los medios y de lacayos a sueldo de todo género y condición, encubiertos, infiltrados o visibles. Intrigan y conspiran en contra del Estado pretendiendo volver a las antiguas costumbres; pretendiendo recuperar el control y el dominio de la pesquería.

En el escenario que se viene construyendo, la política y el dinero, constantes de manipulación en el sector durante toda su historia, serán reemplazados por el verdadero poder de una Sociedad Civil que despierta poco a poco y recupera su lugar en la estructura de poder de la Nación.

La ambición del poder y del dinero hace perder de vista, a algunos, que estamos viviendo épocas diferentes. Estamos en la era del hombre común, de la Sociedad Civil que se organiza y se defiende. Las viejas costumbres y los antiguos dioses del dogma y el paradigma que dominaban no solo el sector pesquero, sino otros sectores extractivos también, están siendo reemplazados por nuevas doctrinas, nuevos valores y nuevos elementos de defensa.

La continuidad de la política que ha inaugurado una nueva era de moralidad y decencia en el sector debe ser defendida por la Sociedad Civil, que debe organizarse para defender sus derechos a compartir debidamente el uso de sus recursos naturales y a la vida en un ambiente limpio, no contaminado, asegurando la sostenibilidad de las pesquerías para las futuras generaciones de peruanos.

No es solamente desde el poder de turno desde donde debe darse esta lucha reivindicativa, sino desde el seno mismo de la Sociedad Civil, hasta hoy ajena e indiferente.

Los verdaderos pescadores artesanales, relegados y olvidados, los trabajadores de la industria pesquera de tierra y embarcados, víctimas permanentes de tratos injustos y pagos insuficientes y desproporcionados a su esfuerzo, son los primeros en unirse y empezar a exigir sus derechos a un justo trato, a una justa participación y a una vida digna.
canón
Deben unir sus esfuerzos con la Sociedad Civil e institucionalizar reformas en el sector cuya continuidad sea vigilada y observada para que nunca más se vuelva al estatus anterior que solamente ha traído degradación del medio ambiente, enriquecimiento de unos pocos y ausencia de participación de la Sociedad Civil.

Se ha hecho creer al país que somos buenos porque exportamos mucho, mientras se vive día a día con un producto pesquero caro, limitado y alejado de las mesas populares. Se nos ha inculcado el mito de que la exportación es la piedra filosofal y el santo grial de la vida económica de un país. Lo que no se nos dijo nunca es cuanto gana el exportador en relación a lo que en términos prácticos y reales gana la Sociedad Civil. Se nos ha hecho creer que donando un poco de pescado o vendiendo eventualmente pescado barato el negocio pesquero contribuye con el país. Lo que nunca se nos dice es cuánto dinero gana el que exporta y cuanto de ese dinero recibe el Estado para aplicarlo a la atención de necesidades del país.

Antes que regalar pescado es necesario y debido que el canon pesquero, que hoy día significa menos de un sol para algunas municipalidades, aumente a niveles apropiados y que no sean insultantes como los actuales. De esta forma cada gobierno local será dueño de decidir en qué invierte sus recursos de acuerdo a sus propias necesidades.

El país no necesita de la caridad de la industria pesquera, sino de una justa participación y distribución de su riqueza.

Alimentar a la población será la resultante de nuevos negocios, de nuevas microempresas que ganen dinero y atiendan a la población nacional sin tener que negociar con una estructura tradicional que no da nada si no es a cambio de ventajas indebidas e injustas para la Nación.

En este escenario hay quienes insisten en continuar violando las 5 millas marinas reservadas a la pesca artesanal para seguir aumentando la riqueza de pocos en detrimento de muchos. Bajo múltiples excusas y argumentos es el deseo de lucro a toda costa lo que inspira a todos los defensores de violentar las 5 millas marinas.

Confían y esperan encontrar a una Sociedad Civil indiferente e inerte para oponerse. Esta vez no debiera ser así, como siempre fue en el pasado.

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Normas coherentes con una nueva política pesquera

Por: Marcos Kisner Bueno / Revista Pesca

(Lima, 29 Oct. 2011).- Tres de las normas más importantes dictadas hasta el momento por la administración de pesquería, coherente con una nueva política sectorial aprobada y expuesta ante el Congreso de la República, que entre otras pretende una administración libre de corrupción y de presiones que tradicionalmente han existido, se mencionan a continuación:

DECRETO SUPREMO Nº 015-2011-PRODUCE

Este Decreto Supremo deja sin efecto el Régimen Especial de Pesca de Anchoveta y dispone los destinos del Fondo de Promoción de la Pesca Artesanal – PROSUR que violaba la intangibilidad de las 5 millas en perjuicio de la pesca artesanal y que fue materia de controversia, presiones, conflictos y divisionismo en los agentes sectoriales del sur del Perú. Corrección destacable de la actual administración de pesquería.

Deróguense el Decreto Supremo Nº 003-2008-PRODUCE, el Decreto Supremo Nº 019-2008-PRODUCE y todas las normas complementarias referidas al Régimen Especial de Pesca del Sur.

Artículo 2º.- Cese de las Comisiones Técnicas Las Comisiones Técnicas encargadas de supervisar el uso y destino de los aportes al Fondo PROSUR cesarán en sus funciones, a partir del día siguiente de la publicación del presente Decreto Supremo, debiendo presentar a la Dirección General de Pesca Artesanal del Ministerio de la Producción, un informe debidamente sustentado, sobre el ejercicio de las facultades conferidas mediante el Decreto Supremo Nº 003-2008-PRODUCE, el mismo que deberá estar a disposición de los titulares de los aportes al Fondo y de las OSPAs beneficiadas, para su conocimiento y control. Los Gobiernos Regionales, en uso de sus atribuciones podrán disponer la realización de una auditoría sobre el uso y destino del Fondo.

El informe en referencia deberá ser presentado en un plazo que no excederá a 30 días, contados a partir del día siguiente del cese de sus funciones.

Artículo 3º.-Destino del Fondo PROSUR

Constitúyase un Fideicomiso en una entidad bancaria de primer nivel con la totalidad de los ingresos del Fondo PROSUR, para la mejor utilización de los mismos a través del financiamiento de proyectos productivos sostenibles relacionados al ámbito pesquero y acuícola, con mayor impacto económico y social, que beneficien a la comunidad pesquera artesanal de manera participativa.

Se considerará como Fideicomitente, a APROSUR y a los titulares de los establecimientos industriales pesqueros (EIP) que hayan accedido al REP de Anchoveta y hayan realizado los aportes obligatorios al Fondo PROSUR, los mismos que, para efectos de la celebración del Contrato de Fideicomiso respectivo, serán representados por APROSUR; Fiduciaria, a la entidad que tendrá a su cargo la administración del Fondo PROSUR; y Fideicomisario, a los beneficiarios de cualquiera de los proyectos productivos a que se refiere el primer párrafo de este artículo.
DECRETO SUPREMO 016-2011-PRODUCE
El Decreto Supremo 016-2011-PRODUCE, que modifica el Reglamento de la Ley General de Pesca y el Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas pretende introducir un concepto sancionador justo y exigente como corresponde a una norma de esta naturaleza dictada por la autoridad constitucional en defensa de la normativa vigente y en clara coherencia con las políticas diseñadas por el nuevo gobierno dentro de las atribuciones que legítimamente le competen.

Es obvio que los agentes del sector se sientan mortificados, dado que la aplicación de normas que facilitan el control sobre el cumplimiento de normas siempre generará rechazo natural de los afectados por la implementación de normas disuasivas. El escenario anterior de laxitud y extrema flexibilidad no facilitaba ni favorecía la exigencia del cumplimiento de la ley y el orden que tanta falta hace en el sector pesquero.

DECRETO SUPREMO 014-2011-PRODUCE

La publicación del Decreto Supremo 014-2011-PRODUCE, ROP (Reglamento de Ordenamiento Pesquero) de la pota o calamar gigante da a la pesquería de la pota el privilegio y precedencia de su captura por la flota artesanal y protege a la industria congeladora nacional. Favorece la creación de una flota de altura de bandera nacional para que opere más allá de las 80 millas, reservando de esta manera el espacio comprendido entre la milla 0 y la milla 80 para la flota artesanal peruana.

Expresamente menciona también que su extracción es exclusiva para el Consumo Humano Directo.
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Las Leyes de la física en la pesquería

Por: Marcos Kisner Bueno / Revista Pesca

(Lima, 24 Set. 2011).- A toda acción sucede una reacción, nos enseñan las leyes de la física. Leyes que se aplican en todo orden de cosas.

Durante mucho tiempo la actividad pesquera en el Perú mantuvo un rasgo de privilegio hacia la industria reductora de harina de pescado, relegando u “olvidando” al sector dedicado al consumo humano directo proveniente de la actividad artesanal. Esta actitud derivó en una serie de injusticias en el orden tributario, social y alimentario. Creó una industria que aporta poco al Estado, que crea altos niveles de contaminación, deteriora el ecosistema y no genera seguridad alimentaria.

Esa acción ha generado una reacción lógica y consecuente, en el actual gobierno, que pretende y desea aplicar mejores y más eficientes acciones a fin de corregir las desviaciones existentes, privilegiar el consumo humano directo, la actividad artesanal y la inclusión de los pescadores artesanales a la bonanza pesquera.

También pretende hacer de la sociedad civil peruana una comunidad informada que deje de vivir a espaldas de lo que ocurre en su mar, en sus ríos y en sus lagunas.

En el camino hacia la transformación, por primera vez se hace público el nivel de desinformación en el cual vive la sociedad civil en cuanto a temas del mar se refiere, así como se vienen conociendo los altos niveles de corrupción que genera una actividad ávida del lucro a cualquier costo. Las historias que se escuchan y se conocen sobre las diversas modalidades de evasión de controles a la actividad, los artilugios que se usan en los desembarques a fin de reducir las cifras de los volúmenes de los mismos, que no solo perjudican a las tripulaciones de las embarcaciones que son indebidamente pagadas de menos, sino que afectan a los niveles sostenibles de la biomasa, son solamente una parte de lo que se viene conociendo conforme se levanta el velo del ocultamiento.

La investigación de Milagros Salazar lo pone en evidencia y se puede leer en el siguiente link:

http://redaccion.lamula.pe/2011/09/17/los-millones-que-oculta-la-anchoveta/claudiapollo

Las claras intenciones del Ministro de la Producción por actuar en beneficio no solamente del sector artesanal y de la sociedad civil, sino en aras de rescatar la moral y la ética en la actividad son evidentes y se pueden escuchar en el siguiente link:

http://www.radiouno.pe/noticias/23297/ministro-produccion-entrevista-radio-uno

Sin embargo, nuevamente la física deberá actuar y generar una reacción natural proveniente de los intereses afectados por una administración que busca devolver la moralidad al sector.

Los intentos, encubiertos o abiertos, destinados a remover a la actual administración, no se harán esperar, como ha ocurrido en algunas situaciones anteriores.

Pero esta vez hay nuevos elementos en la ecuación: Un presidente de la República comprometido con el cambio que fue bandera de su campaña, el cual cree en la necesidad de una transformación, que difícilmente cederá a las presiones del poder económico; una sociedad civil que, consciente de lo que se hace en su territorio marítimo, deberá salir a defender sus intereses y sus recursos naturales; y un sector pesquero artesanal y de tripulantes de embarcaciones pesqueras que no se dejará avasallar por la inmoralidad y abusos seculares de un esquema tradicional que los ha mantenido sumidos en el abandono y la explotación.

En las próximas semanas y meses el país estará observando hacia donde se inclina la balanza de las decisiones del más alto nivel: si hacia el mantenimiento de un status indebido de injusticia, inmoralidad y ausencia de ética, o hacia la defensa y profundización del cambio que permita institucionalizar reformas.

Reformas institucionalizadas que deberán ser defendidas por los verdaderos creadores de la riqueza pesquera: los pescadores.

El compromiso del actual régimen con sus ofertas electorales será puesto a prueba en las próximas semanas. El compromiso del Presidente de la República con los sectores excluidos y con las necesidades de moralizar el sector pesquero se evidenciará en el corto plazo.

Las presiones de todo orden, provenientes del antiguo régimen, se harán sentir en todas las esferas del gobierno y de la sociedad. Pero esta vez será diferente: encontrarán una sociedad civil bien informada, una población pesquera cansada del abandono que defenderá sus esperanzas y un Presidente de la República diferente a los anteriores.

No tendrán otra oportunidad para hacerlo más que durante el presente régimen.
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El escenario de vida del pescador costero peruano

Por: Marcos Kisner Bueno

(Lima, 31 Ago. 2011).- La pesquería peruana se ha centrado, desarrollado y regulado en los últimos años en función de la industria harinera basada en la anchoveta. Analizada por volúmenes de extracción, la pesquería peruana califica desde entonces como monoespecífica.

Durante años se nos ha hecho creer y pensar en la pesquería peruana de un modo alejado de la realidad. Se nos hizo creer que éramos buenos porque exportamos mucha harina de pescado y se nos inculcó la creencia en muchos mitos más.

Sin embargo, las evidencias hacen presumir que el manejo de la extracción pesquera no garantiza la sostenibilidad de un sinnúmero de recursos importantes para la sociedad y para el equilibrio del ecosistema. El impacto sobre los recursos marinos y costeros se hace cada vez más evidente, pudiendo exceder la capacidad de carga de los mismos.

La riqueza infinita del mar peruano no es más que un mito. Este error de percepción promueve un irrefrenable incremento del esfuerzo pesquero y confunde además a la opinión pública haciendo más ardua la labor de regulación.

Los beneficios económicos del sector pesquero marítimo alcanzan a una fracción mínima de la población costera involucrada.

El mar peruano fue muy rico y abundante para la pesca, hoy ya no lo es. Podrá volver a ser abundante si administramos mejor la pesquería.

La capacidad actual para realizar esfuerzo pesquero de extracción del pescador peruano supera los límites de sustentabilidad.

La capacidad de dar empleo digno y sostenido en extracción está inexorablemente ligada al volumen de captura permisible a lo largo del año.

Los volúmenes de recursos pesqueros naturales no aumentan a la par que crece la población vinculada a la extracción. Los recursos pesqueros no aumentan en función a la demanda.
Un ecosistema en desequilibrio por actividad pesquera constituye la realidad actual. Está provocado por la mecanización y masificación de la captura de especies marinas y por la deficientemente regulación y la ausencia de difusión de la realidad pesquera. Ello conduce a desórdenes de orden económico y social, al empobrecimiento del mar y a la frustración de los actores de la pesquería.

Un ecosistema en equilibrio con actividad pesquera debe ser el objetivo principal de la Administración Pesquera, que autoriza la extracción racional de una porción de biomasa de cada nivel trófico, privilegiando la cautela de ciertas especies y el sacrificio de otras en beneficio del hombre.

El hecho es que hoy hay menos peces que antes. El hecho es que la pesca de otras especies que no sean anchoveta ha disminuido a niveles notorios, sin que medie explicación oficial. Ya no hay meros, corvinas, congrios, cabrillas, etc. como antes. La información estadística oficial no refleja esta situación dado que solamente se centra en 16 principales especies ignorando a las especies costeras capturadas por la pesquería artesanal.

Los pescadores artesanales, que antes capturaban estas y otras especias a poca distancia de sus poblaciones hoy se han visto obligados por la necesidad, a convertirse en pescadores de altura. Pescadores de altura sin tener la preparación ni el equipamiento apropiado que se aventuran a veces hasta las 200 millas en busca de especies sustitutas a su pesquería tradicional, como el perico. El cual se empieza a capturar aun cuando su talla es pequeña.

Los buzos artesanales vienen sufriendo cada vez más accidentes y aumenta su índice de mortalidad porque se ven obligados a sumergirse cada vez más profundo sin tener equipamiento ni soporte apropiado.

La verdad es que los volúmenes que antes existían de otras especies ya no son los mismos. Ya no es rentable pretender vivir de su captura.

Este es el escenario de vida del poblador costero. Una ilusión de pesca de anchoveta que no les genera empleo sostenido durante todo el año, forzándolos a convertirse en supervivientes laborando en cualquier empleo temporal.

Más allá de lo que digan los defensores del status quo, de los intereses de siempre y de los cuestionables informes técnicos y científicos, la realidad impone su propio paisaje. Ese paisaje que solamente conocen y reconocen los reales afectados de una infamante realidad sostenida desde los antiguos regímenes desde siempre.

Más allá de la crítica sana y de la mal intencionada; más allá de la manipulación y de la corrupción, la realidad es que la pesquería peruana requiere de un cambio sustancial. Solamente la plena convicción en la necesidad del cambio es la garantía de que este se produzca.
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Inclusión social y redistribución

Por: Marcos Kisner Bueno

(Lima, 30 Ago. 2011).-Durante décadas la pesquería ha sido regulada privilegiando a la industria y a las exportaciones, relegando a la pesquería artesanal y al mercado interno.

Siendo el país que desembarca los volúmenes más grandes de pesca en el mundo, la población no tiene acceso a los productos pesqueros en forma masiva, los cuales a su vez tienen precios fuera del alcance de las grandes mayorías.

El gobierno que ha accedido al poder el 28 de Julio del 2011 es la primera y única esperanza del país para regular la pesquería en forma adecuada y conveniente a los interés nacionales y a la población peruana, única y legítima propietaria de los recursos naturales.

Es inevitable, entonces, comprender que no se puede regular ni administrar lo que no se conoce, por lo cual el primer paso debe ser priorizar la investigación de todos los recursos pesqueros existentes, de tal forma que se pueda determinar los límites máximos de captura anual para cada especie.

Pescar no puede ser un derecho, sino un privilegio concedido a quienes aceptan que no se puede capturar más de lo que es posible, en vías de asegurar pesquerías sostenibles en el tiempo. La captura debe realizarse en forma amigable con la naturaleza, evitando la contaminación y el deterioro del medio ambiente.

El recurso pesquero no aumenta en función de la demanda, por tanto deberá comprenderse que la extracción tiene límites que deben ser impuestos por una adecuada relación entre lo que es posible extraer y la capacidad existente para realizar esfuerzo pesquero.

En un enfoque precautorio, es preciso reservar la extracción para los peruanos privilegiando el consumo nacional y procurando que el Estado cobre lo justo por el derecho a pescar en el dominio marítimo peruano.

Las poblaciones costeras, fluviales y lacustres, tienen el derecho a disponer de recursos pesqueros abundantes procedentes de sus propias zonas inmediatas de pesca a precios accesibles, a una existencia libre de contaminación, con prevención adecuada contra desastres naturales y la obligación de ejercer control sobre las actividades extractivas que aseguren que las pesquerías de sus áreas sean sostenibles y sin impactar negativamente sobre sus ecosistemas y el medio ambiente.

El control y vigilancia de que las actividades pesqueras cumplan estas condiciones compete, en primera instancia, a los propios pobladores, quienes tienen la obligación de educarse e instruirse en la problemática derivada de la actividad pesquera. No se puede vivir de espaldas al mar, a los ríos ni a las lagunas. Es preciso conocerlos y protegerlos. Su futuro depende de la comprensión que sobre ellos vaya adquiriendo la población.


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La conducción política del sector pesquero

Por Marcos Kisner

(Lima, 13 Jun. 2011).- Mientras la conducción de la investigación científica y política del sector pesquero continúe en manos de funcionarios inexpertos y/o con intereses económicos en el negocio pesquero, no podrán diseñarse ni mucho menos aplicarse las reformas que el sector requiere.

Mientras la autoridad tributaria no establezca nuevas metodologías para determinar la existencia de elusión y/o evasión tributaria en el negocio pesquero, no habrá una contribución justa de la pesquería para con la Nación.

Mientras no se reforme el sistema penal y se tipifique como delito ecológico la contaminación del océano y del medio ambiente y se penalice con prisión efectiva a los infractores, nadie detendrá los impactos negativos que la industria pesquera causa sobre el medio ambiente.

Mientras no se sancione con prisión efectiva la elusión y la evasión del pago de impuestos, el país seguirá siendo un espectador de cómo un pequeño grupo explota sus riquezas sin compartirlas.

Mientras los funcionarios designados, en especial los Titulares de Pliego no sean personas capaces, decididas, honestas, probas, con conocimiento de la pesquería y sin ningún compromiso, vinculación directa o indirecta con los intereses de los administrados, la administración de las pesquerías seguirá siendo influída por los interesados en mantener sus actuales privilegios en perjuicio de la Nación.

Tanto, o más peligroso aún, es designar funcionarios cuyo principal objetivo es satisfacer su propia vanidad de figuración y agendas personales.

Mientras los gobiernos sigan designando Titulares de Pliego de perfil inadecuado o sospechoso, sin capacidad y sin una genuina vocación de servicio, la Nación asistirá impotente a la destrucción de su potencial pesquero y será muda testigo del enriquecimiento de unos cuantos a expensas de toda la Sociedad.

Es poco probable que un funcionario con intereses económicos en el negocio pesquero actúe con imparcialidad, corrigiendo lo que es impostergable corregir.

El gobierno tiene el deber de gobernar y administrar las pesquerías en beneficio de la Nación y no solamente en beneficio del sector y de unos cuantos.
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La industria pesquera en el Perú: Olvidada y menospreciada en la política

Por: Marcos Kisner

(Lima, 24 Abr. 2011).- Industria Pesquera de Consumo Humano Indirecto (CHI)

Entre los años 1998 y 2010, la industria pesquera dedicada a la harina de pescado ha desembarcado y reducido en harina la cantidad de:

- 86’858,261 de toneladas de anchoveta y otras especies.

- Que han producido la cantidad de 19’840,000 de toneladas de harina de pescado y 3’929,200 de toneladas de aceite de pescado.

- Ha exportado la cifra de US$ 15,167’240,000 de dólares.

- Ha pagado por concepto de impuesto a la renta de tercera categoría la suma de: US $ 201’076,390 de dólares.

- El impuesto a la renta pagado significa el 2.68% del valor FOB de lo que ha exportado.

Industria Pesquera de Consumo Humano Directo (CHD)

En el mismo periodo la industria dedicada al Consumo Humano Directo ha extraído y procesado entre congelado, enlatado y curado, la cantidad de:

- 11’300,401 toneladas de diversas especies.

- Que han producido la cantidad de 3’204,600 toneladas de producto terminado.

- Ha exportado la cifra de US$ 4,555’860,000 de dólares.

- Ha pagado por concepto de impuesto a la renta de tercera categoría la suma de: US $ 121’923,731 de dólares.

- El impuesto a la renta pagado significa el 1.33% del valor FOB de lo que ha exportado.

En total la industria pesquera ha extraído y desembarcado la cantidad de:

- 98’158,662 de toneladas de recursos hidrobiológicos del ecosistema marino peruano.

- Las ha convertido en 26’973,800 de toneladas de producto terminado que ha exportado a un valor total de US$ 19,723’100,000 de dólares, por lo cual ha pagado al país la suma de 323’000,121 de dólares. Es decir que el país ha ganado el 1.64% del valor FOB de lo exportado.

Si el sector pesquero peruano (considerando solo sus exportaciones y no las ventas al mercado interno) ha pagado 323’000,121 de dólares como impuesto a la renta, significa que, dado que este impuesto es el 30% de la utilidad neta, la utilidad neta obtenida proveniente solo de las exportaciones ha sido de US$ 1,076'667,070 de dólares, o sea el 5.46% de las mismas.

Suponiendo que la cifra sea la real y correcta, representa una utilidad muy pobre. Pero lo que resulta inconmensurable e incalculable es el impacto causado por la pesquería al medio ambiente y al ecosistema. ¿Por qué la autoridad política del país no le presta mayor atención a la pesquería y permite que pase desapercibida y con un perfil muy bajo menospreciando los impactos que causa no solamente al ecosistema y medio ambiente sino a la sociedad?

Si sumamos que algunos productos de exportación tienen el beneficio del Drawback y que además se les devuelve el IGV, queda muy claro que la pesquería no redistribuye sus beneficios en forma justa y adecuada para con el país.

Sin embargo, curiosamente, ni la prensa ni los políticos mencionan o comentan esta situación, mientras que sí lo hacen en relación a la minería. La minería y la pesquería, ambos, utilizan recursos naturales (renovables unos y no renovables otros) que son patrimonio de la Nación.

¿Por qué se mantiene a la pesquería en el anonimato?

El nuevo gobierno tiene la oportunidad, a partir del 1 de agosto, de actuar en el sentido de reformar las estructuras del sector pesquero que origina una situación tan injusta en términos de redistribución de beneficios. También tiene que actuar sobre la reparación del impacto ambiental causado por la industria pesquera a lo largo del tiempo.

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Quién debe tener derecho a pescar (Una pregunta de los Verdes en el Parlamento Europeo)

“
Los recursos marinos son un bien público, no un recurso privado. Por tanto, el derecho de explotar esos recursos debe asignarse con arreglo a criterios que garanticen que la pesca contribuya lo máximo posible al interés público. Tradicionalmente, los permisos de pesca se han concedido en función de la participación histórica en la pesca. Con frecuencia, quienes más habían capturado recibían la mayor parte de la cuota. Este criterio favorece que quienes han sido los máximos responsables de la sobrepesca en el pasado tengan las mayores oportunidades de pesca en el futuro. Este principio no contribuye a la recuperación de las poblaciones, ni favorece la pesca sostenible ni tampoco a las comunidades costeras”.

“
El derecho a pescar debería basarse en criterios ambientales y sociales”.
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Marcos Kisner: El reto de administrar la pesquería peruana

(Lima, 4 Abr. 2011).- Un nuevo gobierno asumirá el 28 de Julio sin planes ni ideas para la pesquería, salvo algunas declaraciones vagas y generales sobre algunos aspectos de la misma por parte de algunos partidos. Otros ni la mencionan.

Se heredarán 10 años de relativa eficiencia en la ejecución de un magro presupuesto, como se puede observar en las cifras que serán publicadas en la edición de abril de la Revista Pesca.

Como parte del paquete viene un pobre índice en inversiones, especialmente en infraestructura pesquera artesanal, lo cual pondrá en riesgo a las exportaciones de hidrobiológicos al mercado europeo; poca atención y reducida aplicación de recursos a la investigación científica; instituciones maltratadas como el ex Centro de Entrenamiento Pesquero de Paita, indebida e injustamente fusionado con el FONDEPES; carencia de políticas de estado para el sector y corrupción.

En 2011 se formula el presupuesto que el nuevo gobierno deberá ejecutar durante su primer año de gobierno, lo que le dejará escaso margen de acción, especialmente en proyectos de inversión en infraestructura pesquera. Es poco probable que para el 2012 se presenten proyectos priorizados de inversión por cuanto la OPE responsable de la inversión heredó en 2011 una pésima proyección presupuestal con proyectos priorizados sin mayor criterio pesquero. En los pocos meses que le quedan, en el escenario en el cual se desenvuelve, es altamente improbable que corrijan lo que debió corregirse hace varios meses. No se podrá estructurar un presupuesto razonablemente aceptable para el nuevo gobierno, lo que lo colocará en una situación difícil. Casi podría afirmarse que 2012 se presentará con pocas probabilidades de contar con un presupuesto eficiente.

El Congreso estará tan fraccionado, que el diseño de una política de Estado para el sector y/o una nueva Ley General de Pesca se presenta como improbable.

Lo que deja el futuro del sector en las manos de los nuevos funcionarios que el presidente elegido designe. Si el equipo que asuma la dirección de la administración de la pesquería no pertenece al sector, carece de experiencia, de mística y de voluntad para hacer bien las cosas, la pesquería peruana está condenada.

Se requiere de un equipo con menor índice de rotación. No como el que caracterizó al gobierno saliente. Se requiere funcionarios con mayor interés en resolver problemas de fondo y menor dedicación a acciones de impacto mediático pero intrascendentes.

La relación entre la contribución impositiva del sector y el presupuesto del mismo, es desproporcionadamente injusta y limita el gasto en investigación e inversión en infraestructura; pero tampoco resolvería las cosas un mayor presupuesto en la medida que las cifras evidencian una limitada capacidad en la ejecución del gasto público. Probablemente influenciada por una excesiva rotación de funcionarios, muchos de los cuales, además, consumen importante parte de su tiempo en aprender ya que no pertenecen al sector.

Si bien es cierto el futuro se presenta incierto, existe una oportunidad para mejorar e introducir las reformas necesarias en la medida que se elija un equipo realmente conocedor y comprometido con el sector pesquero.
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